Lo ético en la gestión pública es uno de los temas que no progresa al ritmo que debiera. Al respecto tres datos, dos conclusiones y una interrogante:
1) En 1990 en Chile la pobreza se ubicaba entre 40% y 60% en las ciudades, en 2006 es de menos del 20% y menos del 40%.
2) El porcentaje de pobres se calcula desde dos indicadores: línea de pobreza e ingreso por persona en el hogar. Ingreso se establece por encuesta CASEN, pero desde fines los 80 la línea de pobreza se calcula por el costo de una canasta básica de alimentos que cubre los requerimientos de 2.200 calorías diarias por persona, valor que se conoce como la línea de indigencia, ya que si el ingreso es menor a ese nivel, ni siquiera se cubriría la necesidad de alimentación. Sin embargo, ser pobre significa no tener un ingreso suficiente para cubrir un conjunto de necesidades básicas, por lo que para definir la línea de pobreza, en el país se multiplica por 2 el valor de la canasta de alimentos en zonas urbanas, lo que según cálculos del 2006 daría $ 47.099, y en zonas rurales se multiplica por 1,7, lo que daría $ 31.756.
3) Se concluye que si alguien queda en $ 48.000, $ 1 más de lo establecido, sale de la línea de la pobreza en ciudades y, lo mismo, en ruralidad $ 31.757, deja atrás la línea de pobreza.
Conclusiones:
1) Es natural que haya desacuerdo para establecer la línea de pobreza en el país.
2) Con estos indicadores, el esfuerzo no sería sacar gente de la línea de pobreza sino evitar que caiga en ella.
Interrogante:
Quiénes practicamos la gestión pública ¿es ético continuar trabajando con estos instrumentos de medición de línea de pobreza o debiéramos buscar nuevas fórmulas para establecer mediciones más confiables?
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